
Así lo afirma la asociación civil Intercambios, especializada en el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas y autora del estudio que semanas atrás reveló que el 85 por ciento de los esfuerzos judiciales s van en la persecución de consumidores.
La aplicación de la ley penal en relación a los usuarios de drogas no ha sido efectiva y ha creado más problemas que los que pretendía resolver. En los casos de uso problemático, agravó su situación, al contaminar las respuestas sanitarias, sociales y educativas con un enfoque represivo. Y en los usos no problemáticos generó un problema donde no lo había.
El fallo dado a conocer hoy por la Suprema Corte de Justicia va en sintonía con los avances que se vislumbran en distintos países de la región, que están analizando reformas a sus legislaciones y a sus planes de acción con el objetivo de desarrollar propuestas más inclusivas e integrales para mejorar la atención de los problemas vinculados con las drogas.
Intercambios Asociación Civil celebra este fallo que no sólo resguarda garantías consagradas constitucionalmente sino que reubica la problemática del consumo de drogas donde siempre debió estar: en el campo de las políticas públicas socio sanitarias.
Cabe destacar el llamamiento que los ministros de la Corte realizan a todos los poderes públicos a fin de “asegurar una política de estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento a los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país”.
Cualquier retroceso de la aplicación de la ley penal en relación a los usuarios resulta positivo; no solo para dejar de criminalizar y estigmatizar a los usuarios de drogas, sino para permitir el avance de las respuestas sanitarias, sociales y educativas que son las adecuadas para este fenómeno.
Intercambios Asociación Civil es una organización clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas. Desarrolla acciones de incidencia política, investigación, distribución de información y fortalecimiento de capacidades, en asociación con otros actores regionales, con el objetivo de influir en las políticas de drogas gubernamentales y multilaterales. Organizó la I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, que se realizó en el Congreso de la Nación el 6 y 7 de agosto de 2009. Coordinó el proceso de discusión de la sociedad civil en la región sobre las metas fijadas por la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) y lleva organizadas seis Conferencias Nacionales de Políticas de Drogas. Sus publicaciones más recientes son: "Visiones y actores del debate. III y IV Conferencia Nacional de Políticas de Drogas" (2008); "Saberes y prácticas sobre drogas. El caso de la pasta base de cocaína" (2007) y "Cambios en el uso inyectable en Buenos Aires (1998-2003)".
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