Washington DC - El director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Richard Dieter, explicó que los estados que la aplican "tienen índices de crímenes más altos”. Además, dijo que "sería un problema" y un "retroceso" que un país piense en implementarla.
El director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Richard Dieter, aseguró que “sería un problema” y un “retroceso” que un país piense en implementar la pena de muerte. “En Estados Unidos, los estados que usan la pena de muerte tienen índices de crímenes más altos”, aseguró, y explicó que hoy la discusión está centrada en cuestionar la continuidad de esta práctica.
El que un país piense en implementar la pena de muerte “sería un problema”. Mientras “muchos países están aboliendo la pena de muerte”, otros tantos directamente “no la tienen”, por lo que “sería inusual que un país instale la pena de muerte en estos tiempos”, comentó el especialista en diálogo con Télam.“Sería un desarrollo extraño”, ya que en la era en que se busca simplificar los procesos, la práctica de la pena de muerte, además de atentar contra los derechos humanos, conlleva “mucho escollo, problemas legales y asuntos inconclusos”.
“En Estados Unidos, los Estados que usan la pena de muerte tienen índices de crímenes mayores”, reflexionando con ironía, que quizás “sea por eso que la utilizan”. “Hoy el énfasis está puesto en no retroceder”, asegura.
Durante 2008, treinta y siete personas fueron ejecutadas en Estados Unidos. Texas registró el mayor porcentaje, con 18 ejecuciones. En lo que va de marzo, el estado sureño, suma cuatro y en abril, están programadas otras tres ejecuciones más, según el Departamento de Justicia de Texas.Si bien “es difícil” medir la relación de porcentaje de crímenes con el porcentaje de ejecuciones, “las tasas de muertes por crímenes en Texas (estado con mayor índice de pena capital a nivel nacional) es un poco más alta que la nacional”, asegura Dieter, comentando que “los crímenes en el sur del país, son mayores” que en el resto del gran territorio norteamericano.
“La experiencia acá es que (la pena de muerte) fue muy frustrante, toma mucho tiempo entre la sentencia y la ejecución, para llegar al final de los casos”, menciona el abogado. “Muchos casos son derrocados por inadecuada representación u otros errores” y “el tiempo que consume, no recompensa a las familias” de las víctimas, afirma.
Así lo afirmó Kathy García, tía de una víctima fallecida hace 20 años, el año pasado ante el Comité de Justicia del Senado del Estado de Maryland, cuando explicó que “la pena de muerte divide a las familias cuando éstas se necesitan mutuamente más que nunca”, según informa el reporte realizado por el DPIC (siglas en ingles del Centro de Información sobre la Pena de Muerte).
Actualmente, en Estados Unidos, la discusión está centrada en “si conviene continuar” o no con esta práctica, afirmó Dieter. Además de los altos costos, la pena capital sufrió un descenso en la aceptación del público.
El mismo informe destaca que si bien hubo una marcada caída de sentencias a pena capital durante el período 1990-2000 (alcanzando hasta un 44 por ciento menos en el sur del país y 57 por ciento en el centro oeste), los índices de muertes por actos criminales permanecen aproximadamente constantes en los últimos siete años.
Por otro lado, los altos costos que involucra todo el proceso están llevando a muchos Estados como Kentucky, Lousiana o Kansas a considerar su reducción. Es el caso de California, que los 670 detenidos que posee esperando sentencia de muerte, le cuestan cada uno, 90 mil dólares anuales más de lo que le costaría mantenerlos en prisión si fueran condenados a cadena perpetua.
En total, ese Estado gasta 138 millones de dólares por año pero sólo ejecuta menos de una persona cada dos años, según señala un reporte de la Comisión de la Justa administración de Justicia , de California, tomado en el estudio.
Mientras Carolina del Norte registra una baja del 13 por ciento de aceptación de la pena de muerte, el ex presidente Jimmy Carter exige al gobernador de Nuevo Méjico, Bill Richardson, que apoye el proyecto de ley aprobado por el parlamento estatal días atrás, que revoca la utilización de esa práctica.
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