El golpe anida entre parlamentarios y jueces

Golpe, destitución o neogolpe. No se trata de una cuestión semántica sino política. La derecha variopinta trampea la letra y el espíritu de las leyes para impedir que el gobierno gobierne y provocar la caída de la presidenta. Néstor Kirchner encabezó la movilización popular, que debe profundizarse.
Por Víctor Ego Ducrot* Desde la Redacción de APM
12032010

No lo dicen los militantes del oficialismo ni los analistas políticos. Lo dijo una senadora de lps que se autodenominan "la oposición", Roxana Latorre: “en el Congreso se respira un espíritu golpista”. Latorre es de la provincia agrícola ganadera de Santa Fe, en la cual las cámaras patronales del agronegocio que bombardearon al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tienen mucha influencia.

La senadora alcanzó su escaño justamente de la mano de uno de lo políticos más reaccionarios del país, ex piloto de automovilismo, ex gobernador de esa jurisdicción y también senador, Carlos Alberto Reutemann.

El conglomerado amorfo de la derecha contaba con su voto para relevar del cargo a la flamante presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont, pero la senadora se les dio vuelta; lo que provocó un cataclismo en las fuerzas que apuntan hacia un único objetivo: obstaculizar toda medida adoptada por el gobierno, con la intención de impedir su gestión y desembocar en un proceso destituyente, es decir en un golpe de Estado, golpe blando o neogolpe.

El Parlamento se convirtió en un verdadero campo de batalla, sobre el cual los principales representantes del oficialismo vienen trabajando con denuedo para socavar las filas derechistas. La actitud lograda por parte de Latorre da cuenta de por lo menos dos hechos: de la hábil capacidad de maniobra del oficialismo con minoría en las Cámaras y de que la oposición no es tal como bloque, que sólo se aglutinan para violar la Constitución; en ese marco la actitud de la legisladora santafecina es más que loable, puesto que privilegió el orden institucional. Elegir como blanco a Marcó del Pont no fue casual. Se trata de una brillante economista que propone un Banco Central diametralmente opuesto al concepto de bancos centrales implantado por el modelo neoliberal, y sobre ese escenario plantea que la recuperación de la autonomía económica en esta etapa pasa por el proceso de desendeudamiento público, toda vez que la falta de condiciones subjetivas para repudiar la deuda externa tras la caída de las dictaduras militares convirtió a la consigna de “no pago” en una mera manifestación de deseos, en una aspiración perteneciente al terreno declamatorio. Puestos en función de gobierno, incluso los lideres políticos más activos durante las últimas dos décadas en contra del pago de la deuda fueron consecuentes pagadores, y sin imponer el mecanismo de quita y disminución de pasivos externos que lograra fijar el ex presidente Néstor Kirchner durante los primeros años de su mandato. El oficialismo y en consonancia con él, Marcó del Pont propone pagar deuda con una parte de las grandes reservas que atesora el Banco Central, de forma tal que no deban tocarse los recursos presupuestarios asignados a desarrollo social e infraestructura. La derecha se niega a ello por dos razones complementarias entre sí: achicar la capacidad de maniobra financiera del Poder Ejecutivo, lo que juega a favor de la estrategia destituyente; y controlar las reservas (rondan los 50 mil millones de dólares) como colchón de garantía para el giro especulativo de las corporaciones financieras, nunca para gestionar políticas públicas de empleo e inclusión social.

Para enderezar esa estrategia, la llamada “oposición” cuenta con cuatro apoyos decisivos: el sistema de poder público y privado corporativo de Estados Unidos (en diciembre pasado el jefe de la diplomacia de Washington para América Latina, Arturo Valenzuela, estuvo en Buenos Aires para “bajar línea” entre empresarios, políticos y periodistas); un sector importante el poder judicial (como dijo la presidenta la semana pasada, jueces de distintos rangos actúan “por encargo” para trabar decisiones del Ejecutivo); los oligopolios mediáticos (reproductores masivos del discurso neogolpista a punto tal que ninguno de ellos da cuenta de las tergiversaciones, inexactitudes e ilegalidades que se cometen en el Senado contra la titular del Banco Central); y un cierto segmento de dirigentes políticos autodefinidos como “progresistas”, niños y niñas mimadas por la corporación mediática, que objetivamente llevan agua para los molinos de la derecha.

Desde esta misma página, la semana pasada decíamos llegó la hora de la movilización popular, y parece ser que tras la embestida contra la presidenta del Banco Central – no fue la primera ni será la última por parte de la derecha contra el gobierno-, las fuerzas políticas y sociales oficialistas comienzan a movilizarse en forma visible.

El miércoles 10, el ex presidente Néstor Kirchner reasumió la presidencia de la compleja organización política de gobierno, el Partido Justicialista, y un día después convocó a un multitud en un acto recordatorio del 11 de marzo de 1973, fecha en la que ganara las elecciones una fórmula peronista (Cámpora-Solano Lima), empujada por la luchas masivas de los sindicatos, el movimiento juvenil y las organizaciones revolucionaras.

En el acto organizado en un estadio de futbol por la agrupación territorial Movimiento Evita, Kirchner habló ante miles de personas y llamó a la movilización y militancia en defensa del gobierno nacional.

En idéntico sentido se manifestaron allí el líder la principal central obrar (CGT), Hugo Moyano, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el principal dirigente de los organizadores, Emilio Pérsico.

Por su parte, activistas del movimiento Carta Abierta (reúne a intelectuales, artistas y académicos de distintas corrientes ideológicas pero en confluencia para la defensa del gobierno nacional y las instituciones democráticas) vienen realizando reuniones con diferentes sectores sociales y políticos, con la intención de fortalecer el espacio oficialista.

Se trata de señales muy positivas toda vez que, como en otras oportunidades se ha opinado en estos artículos, la movilización y la recuperación de los espacios públicos para la práctica política constituyen las máximas urgencias que tienen el gobierno nacional y los contingentes sociales que lo apoyan, para impedir que triunfe el proyecto restaurador neoliberal que encarna la derecha argentina disfrazada de “oposición”.

(*) El autor es director de APM y del Observatorio de Medios de Argentina.