agepeba Agencia Periodística de Buenos Aires
“Hay un mismo modus operandi cada vez que una causa puede perjudicar a la Bonaerense o al Ministerio de Justicia y Seguridad”, dijo a AgePeBa el abogado Marcelo Mazzeo el 9 de febrero pasado, al insistir en que la actual instrucción de la causa busca evitar que se ventilen complicidades policiales y políticas con el crimen organizado.
Mazzeo es el defensor de Gladys Cabrera, la ya liberada dueña de la casa en la habría estado cautiva Candela Sol Rodríguez. Había recusado a dos fiscales y pedido la separación de la Bonaerense. También reclama que se investigue si la cartera de Ricardo Casal “bajó dinero” para comprar jueces.
Mazzeo es el defensor de Gladys Cabrera, la ya liberada dueña de la casa en la habría estado cautiva Candela Sol Rodríguez. Había recusado a dos fiscales y pedido la separación de la Bonaerense. También reclama que se investigue si la cartera de Ricardo Casal “bajó dinero” para comprar jueces.
“En las causas más importantes de la provincia de Buenos Aires, como el caso Candela, el caso Píparo, el cuádruple crimen de La Plata, siempre aparece un denominador común que es la utilización de testigos de identidad reservada, buches de la policía o personas que tienen relación directa con la delincuencia para armar todas estas causas. En todas se mete presa a gente que luego termina siendo sobreseída porque no tienen nada que ver”, explicó entonces el abogado, en diálogo con AgePeBA.
En este marco, y refiriéndose concretamente al caso Candela, Mazzeo recordaba que “quien ahora está imputado como autor intelectual del crimen, Héctor “el Topo” Moreyra, trabajó codo a codo con (los jefes policiales) Roberto Castronuovo y Marcelo Chebriau durante los primeros nueve días de la desaparición de la niña”.
Para el letrado, Chebriau, jefe de investigaciones de la DDI de La Matanza, es una pieza clave en la trama de encubrimientos. “Paradójicamente, Chebriau está a la cabeza de las investigaciones de todas las causas importantes en las que él no tiene competencia, como la de Candela, que pertenece a la jurisdicción de Morón”, sostuvo Mazzeo y se preguntó “qué tiene que hacer un jefe de la DDI La Matanza en investigaciones de hechos que ocurrieron en Morón, La Plata y otros lugares de la provincia”.
“Todo este modus operandi se usa cada vez que una causa puede perjudicar a la policía bonaerense o al Ministerio de Justicia y Seguridad”, subrayó.
Hoy, el diario Tiempo Argentino infirma que “Topo” Moreyra, podría quedar en libertad. “Su abogado Sergio Doutres presentará hoy un pedido de excarcelación extraordinaria al juez de Garantías Alfredo Meade, quien conjuntamente con la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Morón comenzó a desandar los pasos de la investigación”, aseguró el diario porteño
El pedido de Doutres, en parte, está basado en el fallo de Cámara por el cual fue excarcelada Gladys Cabrera, la dueña de la casa de Kiernan al 900 donde la fiscalía supone que estuvo cautiva la nena de once años que fue secuestrada el 22 de agosto del año pasado y nueve días después apareció muerta en un descampado en Villa Tesei, a pocas cuadras de dónde vivía.
Los camaristas decidieron otorgarle el beneficio a la mujer dado que las “limitaciones –a la libertad– deben estar basadas indefectiblemente en estrictos parámetros de legalidad y racionalidad, más allá de los vaivenes de los humores sociales.” En otras palabras, la sentencia sostiene que si el imputado se ajusta a derecho puede esperar en libertad hasta la realización del juicio.
“Mi asistido no merece el frío inhóspito de un calabozo”, dijo el abogado, que recordó también que Moreyra había sufrido un allanamiento en su casa antes de ser detenido y sin embargo nunca se dio a la fuga.
Para Doutres, la implicación de Moreyra en la causa estuvo forzada: “En ningún momento el papá de Candela –Alfredo Rodríguez– señala a Moreyra como autor intelectual o mediato de este crimen. De hecho, refiere que las únicas personas que podrían querer perjudicarlo sería la banda de Bóscolo y Sancho que manejan la droga en San Martín”.
El abogado destacó a Tiempo Argentino la inexistencia de elementos que vinculen a su cliente con el resto de los imputados. En otro de los párrafos, Doutres detalla que Moreyra era informante de la policía y del Servicio Penitenciario Bonaerense y sabe “el verdadero funcionamiento interno de la policía, lo oscuro, lo que no se conoce y se oculta, sabido es como termina un “informante”: muerto, y aunque parezca mentira, muchas veces en manos de efectivos policiales con operativos fraguados”.
Por el momento, ya está en libertad Cabrera, y el carpintero Néstor Altamirano está con prisión domiciliaria. Guillermo López y Fabián Gómez fueron excarcelados y saldrían en los próximos días. Hugo Bermúdez, Alberto Espinola, Leonardo Jara y Moreyra continúan presos.
Por su parte, Mazzeo ya había hecho hizo varias presentaciones ante la Justicia Federal de Morón para denunciar las irregularidades de la causa. La primera fue en diciembre ante el juzgado federal Nº 2 para advertir los delitos que se desprenden del caso Candela: narcotráfico, piratería del asfalto y trata de personas.
“Me niegan la competencia federal, pero sugieren a la Fiscalía de Morón que abran una línea de investigación sobre lo que había denunciado”, contó Mazzeo.
Recién entonces planteó la recusación del fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, y del fiscal de instrucción, Marcelo Tavolaro, por dirigir la investigación hacia “perejiles”, con la intención de dar un “manto de impunidad” sobre el caso.
“La causa lleva una línea de investigación completamente diferente a la que se inició en un principio. El actual jefe de la Bonaerense, Jorge Matzkin, dijo en su momento que el caso estaba relacionado a una guerra de narcotraficantes. La investigación se había iniciado en ese sentido, pero por orden de su predecesor, (Juan Carlos) Paggi, se paró todo. Si esa línea hubiese continuado, se habría podido determinar qué elementos de la policía de la provincia de Buenos Aires apañan delitos de narcotráfico, trata de personas, entre otros. Hubiesen surgido nombres importantes, connivencias con políticos y demás. Es por eso que esa línea de investigación es cortada de cuajo”, afirmó Mazzeo.
En otras presentaciones judiciales, el abogado de Gladys Cabrera pidió que se cite a declarar a los padres de Candela, Carola Labrador y Alfredo Rodríguez, así como al defensor de este último, Carlos Telleldín.
“Los padres de Candela le refirieron a Telleldín que desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires han bajado dinero, utilizando como correa a la DDI de Morón, para que los jueces mantengan a los presos de la causa presos como están y que las resoluciones no se cambien de ninguna manera. Telleldín hizo la denuncia públicamente a través de los medios y yo la hice jurídicamente en el Tribunal Federal Nº1 de Morón”, explicó.
Por último, para Mazzeo también es fundamental para poder resolver el caso que se aparte a la Bonaerense: “Si acá interviene una policía diferente a la de la provincia de Buenos Aires, como Gendarmería o Policía Federal, la causa Candela cambiaría radicalmente”.
Candela desapareció el 22 de agosto de 2011, cuando esperaba a unas amigas. Nueve días después fue hallada asfixiada dentro de una bolsa, a 30 cuadras de su casa. Además de Moreyra y Cabrera, fueron detenidos Leonardo Jara, acusado de engañar a la niña para llevarla cautiva; Hugo Bermúdez, supuesto autor material; y otros cuatro imputados bajo diversos cargos.
En tanto, el ya citado diario Tiempo Argentino, hoy publica el siguiente texto: “El fiscal Marcelo Tavolaro, el fiscal general de Morón Federico Nieva Woodgate, el juez de Garantías Alfredo Meade, el comisario de la Bonaerense Roberto Castronuovo y el abogado querellante Fernando Burlando son apenas las caras visibles de una causa que fue direccionada para tapar lo que realmente estaba pasando: un escándalo narcopolicial que abarcaba a los partidos de La Matanza, San Martín, Hurlingham y Morón. Nada de lo que se volcó en el expediente hasta ahora es cierto, salvo que una nena de once años estuvo nueve días desaparecida y apareció muerta en un basural cercano a su casa. Semana a semana los detenidos van quedando en libertad porque las pruebas en su contra son tan endebles como la credibilidad de los testigos de identidad reservada. Por ahora quedan seis personas presas –dos con la excarcelación en trámite– y un tendal de dudas. Mientras que la causa no pase a la justicia federal la mentira seguirá borrando los pocos rastros que puedan conducir a los verdaderos asesinos de Candela”.
¿Quién es el fiscal Federico Nieva Woodgate?
El 16 de febrero, AgePeBa publicó el artículo “Nieva Woodgate, el fiscal de la dictadura que interviene en el Caso Candela”.
Está a cargo de la Fiscalía General de Morón, rodeado de denuncias por delitos de lesa humanidad. Representa a la matriz del llamado “Circuito Camps”, hoy expresado en la complicad entre policías, políticos, delincuentes y funcionarios. Hasta ahora es sostenido por la procuradora general Falbo, pese a que se cierne sobre él un juicio político.
Pocos casos como lo de este fiscal ilustran sobre la perdurabilidad del modelo creado por la dictadura para el aparato de seguridad y de investigación penal en la Provincia. Es la matriz del denominado “circuito Camps”, que mutó en complicidad estructural entre delincuencia organizada, policías, políticos y funcionarios, mecanismo que fuera claramente denunciado hace pocos días por el vicegobernador Gabriel Mariotto, en un acto en José León Suárez, en ocasión de cumplirse un año del asesinato por manos policiales –en su momento defendidas por el ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal- de dos jóvenes, cuando el descarrilamiento de un tren.
Llama la atención que en medio de los cambios de jefaturas policiales y del cierre de calabozos en comisarías de La Plata, Berisso y Ensenada, medidas dispuestas por el gobernador Daniel Scioli después del pedido de Mariotto en José León Suárez, de relevar al jefe de la bonaerense de San Martín, y de las críticas que arrecian sobre Casal; en las estructuras fiscales de la Provincia, la procuradora general María del Carmen Falbo siga sosteniendo al fiscal Federico Guillermo Nieva Woodgate.
El nombre de Nieva Woodgate comenzó a aparecer cada vez con mayor frecuencia en los medios a partir del secuestro y posterior homicidio de Candela Sol Rodríguez, en agosto del año pasado, ya que está al frente de la Fiscalía General de Morón, que conduce la investigación del caso.
A fines de enero último, uno de los abogados de la causa, Marcelo Mazzeo, planteó su recusación ante el Juzgado de Garantías 4 de Morón, Alfredo Meade, al considerar que Nieva Woodgate estaba guiando la investigación hacia “perejiles”, para ocultar una red de narcopolicías presuntamente relacionados al crimen de la niña.
Pero las denuncias contra el fiscal general de Morón no terminan en el Caso Candela y se acumulan ante la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires.
Nieva Woodgate podría ser sometido a un juicio político por las acusaciones realizadas por la Fundación Servicios de Paz y Justicia (SERPAJ) que lo vinculan con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
La investigación contra Neiva Woodgate y otros funcionarios del Poder Judicial se inició en octubre de 2010, a partir de una presentación efectuada por Adolfo Pérez Esquivel en su carácter de Presidente de la SERPAJ.
Según consta en ese documento, el nombramiento del fiscal general de Morón fue promovido por el Ministro de Gobierno de la dictadura en la provincia de Buenos Aires, Jaime Smart, hoy en prisión por desaparición forzada de personas.
Nieva Woodgate, que estaba al frente de Juzgado Penal 4 de Lomas de Zamora desde 1976, asumió en su actual cargo en julio de 1978, jurando sobre “las actas y el estatuto del Proceso de Reorganización Nacional”.
En el marco de la megacausa al Primer Cuerpo del Ejército se investigan hechos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios en los paridos de Merlo, Morón y Moreno. Diferentes dependencias policiales (como las comisarías 1, 2 y 3 de Morón, la Mansión Seré, la VII Brigada Aérea de Morón y de Moreno, entre otras) se encontraban bajo la supervisión de Nieva Woodgate.
De acuerdo a la información de la Serpaj, el fiscal general de Morón fue “funcional” al plan sistemático de exterminio instrumentado por la dictadura en su jurisdicción, donde se registraron numerosos secuestros de personas, traslados a centros clandestinos de detención, desapariciones y asesinatos.
Un hecho llamativo fue la desaparición de Maria Elena Peter de Fioritti y Armando Alberto Fioritti, ocurrida el 17 de noviembre de 1978 en Villa Tesei. Peter era oficial segunda de la secretaria Nº 4 del juzgado de Morón, a cargo del Juez Carlos Temperley. La Serpaj asegura que todo el juzgado se enteró del hecho, pero ni el juez Temperley, ni Nieva Woodgate “llevaron adelante ninguna investigación, incumpliendo con sus deberes”.
Para la Fundación encabezada por Pérez Esquivel, Nieva Woodgate formaba parte de “un grupo de amigos al servicio de los poderosos de turno, para brindarles impunidad a cambio de poder, figuración y nombramientos de ellos, de sus familiares y relaciones para mantener o aumentar su influencia dentro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires”.
Con la llegada de la Democracia, los resabios de la dictadura se mantuvieron incólumes en la conducción de la Fiscalía General de Morón.
Uno de los agentes fiscales de esa jurisdicción, Alejandro Jons, denunció el año pasado a Nieva Woodgate por “faltas graves y la posible comisión de delitos de acción pública” y pidió su destitución ante la Comisión Bicameral de Juicio Político de la Legislatura bonaerense.
Jons alegó “acciones persecutorias” en su contra y aseguró que “por años, ha sido práctica común del Fiscal General de Morón, la coacción hacia todos los funcionarios y empleados”.
“El método verticalista y autoritario de conducción del nombrado (Nieva Woodgate) –a pesar de hallarnos ya en una época de vigencia de nuestra Democracia- nunca fue modificado, incluso luego que la estructura y el personal de la Fiscalía General de Morón creciera enormemente con la implementación del sistema acusatorio que nos rige actualmente luego de la sanción de la Ley 11.922”, dice Jons.
Y luego, en su denuncia, agrega que “utiliza el método del maltrato, del abuso de autoridad y la intimidación constante como mecanismo de disciplinamiento político judicial interno”.
En este sentido, Jons detalla que son frecuentes los sumarios administrativos de Nieva Woodgate contra instructores judiciales de su dependencia por cuestiones absurdas como “reírse”, “estar parado”, “haber ido a cobrar el sueldo al Banco”, “haber corrido los muebles de lugar sin autorización”. Es más, en una oportunidad, 32 agentes fiscales, secretarios e instructores fueron sancionados “por cantar el feliz cumpleaños” a un compañero de trabajo.
En este marco, y refiriéndose concretamente al caso Candela, Mazzeo recordaba que “quien ahora está imputado como autor intelectual del crimen, Héctor “el Topo” Moreyra, trabajó codo a codo con (los jefes policiales) Roberto Castronuovo y Marcelo Chebriau durante los primeros nueve días de la desaparición de la niña”.
Para el letrado, Chebriau, jefe de investigaciones de la DDI de La Matanza, es una pieza clave en la trama de encubrimientos. “Paradójicamente, Chebriau está a la cabeza de las investigaciones de todas las causas importantes en las que él no tiene competencia, como la de Candela, que pertenece a la jurisdicción de Morón”, sostuvo Mazzeo y se preguntó “qué tiene que hacer un jefe de la DDI La Matanza en investigaciones de hechos que ocurrieron en Morón, La Plata y otros lugares de la provincia”.
“Todo este modus operandi se usa cada vez que una causa puede perjudicar a la policía bonaerense o al Ministerio de Justicia y Seguridad”, subrayó.
Hoy, el diario Tiempo Argentino infirma que “Topo” Moreyra, podría quedar en libertad. “Su abogado Sergio Doutres presentará hoy un pedido de excarcelación extraordinaria al juez de Garantías Alfredo Meade, quien conjuntamente con la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Morón comenzó a desandar los pasos de la investigación”, aseguró el diario porteño
El pedido de Doutres, en parte, está basado en el fallo de Cámara por el cual fue excarcelada Gladys Cabrera, la dueña de la casa de Kiernan al 900 donde la fiscalía supone que estuvo cautiva la nena de once años que fue secuestrada el 22 de agosto del año pasado y nueve días después apareció muerta en un descampado en Villa Tesei, a pocas cuadras de dónde vivía.
Los camaristas decidieron otorgarle el beneficio a la mujer dado que las “limitaciones –a la libertad– deben estar basadas indefectiblemente en estrictos parámetros de legalidad y racionalidad, más allá de los vaivenes de los humores sociales.” En otras palabras, la sentencia sostiene que si el imputado se ajusta a derecho puede esperar en libertad hasta la realización del juicio.
“Mi asistido no merece el frío inhóspito de un calabozo”, dijo el abogado, que recordó también que Moreyra había sufrido un allanamiento en su casa antes de ser detenido y sin embargo nunca se dio a la fuga.
Para Doutres, la implicación de Moreyra en la causa estuvo forzada: “En ningún momento el papá de Candela –Alfredo Rodríguez– señala a Moreyra como autor intelectual o mediato de este crimen. De hecho, refiere que las únicas personas que podrían querer perjudicarlo sería la banda de Bóscolo y Sancho que manejan la droga en San Martín”.
El abogado destacó a Tiempo Argentino la inexistencia de elementos que vinculen a su cliente con el resto de los imputados. En otro de los párrafos, Doutres detalla que Moreyra era informante de la policía y del Servicio Penitenciario Bonaerense y sabe “el verdadero funcionamiento interno de la policía, lo oscuro, lo que no se conoce y se oculta, sabido es como termina un “informante”: muerto, y aunque parezca mentira, muchas veces en manos de efectivos policiales con operativos fraguados”.
Por el momento, ya está en libertad Cabrera, y el carpintero Néstor Altamirano está con prisión domiciliaria. Guillermo López y Fabián Gómez fueron excarcelados y saldrían en los próximos días. Hugo Bermúdez, Alberto Espinola, Leonardo Jara y Moreyra continúan presos.
Por su parte, Mazzeo ya había hecho hizo varias presentaciones ante la Justicia Federal de Morón para denunciar las irregularidades de la causa. La primera fue en diciembre ante el juzgado federal Nº 2 para advertir los delitos que se desprenden del caso Candela: narcotráfico, piratería del asfalto y trata de personas.
“Me niegan la competencia federal, pero sugieren a la Fiscalía de Morón que abran una línea de investigación sobre lo que había denunciado”, contó Mazzeo.
Recién entonces planteó la recusación del fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, y del fiscal de instrucción, Marcelo Tavolaro, por dirigir la investigación hacia “perejiles”, con la intención de dar un “manto de impunidad” sobre el caso.
“La causa lleva una línea de investigación completamente diferente a la que se inició en un principio. El actual jefe de la Bonaerense, Jorge Matzkin, dijo en su momento que el caso estaba relacionado a una guerra de narcotraficantes. La investigación se había iniciado en ese sentido, pero por orden de su predecesor, (Juan Carlos) Paggi, se paró todo. Si esa línea hubiese continuado, se habría podido determinar qué elementos de la policía de la provincia de Buenos Aires apañan delitos de narcotráfico, trata de personas, entre otros. Hubiesen surgido nombres importantes, connivencias con políticos y demás. Es por eso que esa línea de investigación es cortada de cuajo”, afirmó Mazzeo.
En otras presentaciones judiciales, el abogado de Gladys Cabrera pidió que se cite a declarar a los padres de Candela, Carola Labrador y Alfredo Rodríguez, así como al defensor de este último, Carlos Telleldín.
“Los padres de Candela le refirieron a Telleldín que desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires han bajado dinero, utilizando como correa a la DDI de Morón, para que los jueces mantengan a los presos de la causa presos como están y que las resoluciones no se cambien de ninguna manera. Telleldín hizo la denuncia públicamente a través de los medios y yo la hice jurídicamente en el Tribunal Federal Nº1 de Morón”, explicó.
Por último, para Mazzeo también es fundamental para poder resolver el caso que se aparte a la Bonaerense: “Si acá interviene una policía diferente a la de la provincia de Buenos Aires, como Gendarmería o Policía Federal, la causa Candela cambiaría radicalmente”.
Candela desapareció el 22 de agosto de 2011, cuando esperaba a unas amigas. Nueve días después fue hallada asfixiada dentro de una bolsa, a 30 cuadras de su casa. Además de Moreyra y Cabrera, fueron detenidos Leonardo Jara, acusado de engañar a la niña para llevarla cautiva; Hugo Bermúdez, supuesto autor material; y otros cuatro imputados bajo diversos cargos.
En tanto, el ya citado diario Tiempo Argentino, hoy publica el siguiente texto: “El fiscal Marcelo Tavolaro, el fiscal general de Morón Federico Nieva Woodgate, el juez de Garantías Alfredo Meade, el comisario de la Bonaerense Roberto Castronuovo y el abogado querellante Fernando Burlando son apenas las caras visibles de una causa que fue direccionada para tapar lo que realmente estaba pasando: un escándalo narcopolicial que abarcaba a los partidos de La Matanza, San Martín, Hurlingham y Morón. Nada de lo que se volcó en el expediente hasta ahora es cierto, salvo que una nena de once años estuvo nueve días desaparecida y apareció muerta en un basural cercano a su casa. Semana a semana los detenidos van quedando en libertad porque las pruebas en su contra son tan endebles como la credibilidad de los testigos de identidad reservada. Por ahora quedan seis personas presas –dos con la excarcelación en trámite– y un tendal de dudas. Mientras que la causa no pase a la justicia federal la mentira seguirá borrando los pocos rastros que puedan conducir a los verdaderos asesinos de Candela”.
¿Quién es el fiscal Federico Nieva Woodgate?
El 16 de febrero, AgePeBa publicó el artículo “Nieva Woodgate, el fiscal de la dictadura que interviene en el Caso Candela”.
Está a cargo de la Fiscalía General de Morón, rodeado de denuncias por delitos de lesa humanidad. Representa a la matriz del llamado “Circuito Camps”, hoy expresado en la complicad entre policías, políticos, delincuentes y funcionarios. Hasta ahora es sostenido por la procuradora general Falbo, pese a que se cierne sobre él un juicio político.
Pocos casos como lo de este fiscal ilustran sobre la perdurabilidad del modelo creado por la dictadura para el aparato de seguridad y de investigación penal en la Provincia. Es la matriz del denominado “circuito Camps”, que mutó en complicidad estructural entre delincuencia organizada, policías, políticos y funcionarios, mecanismo que fuera claramente denunciado hace pocos días por el vicegobernador Gabriel Mariotto, en un acto en José León Suárez, en ocasión de cumplirse un año del asesinato por manos policiales –en su momento defendidas por el ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal- de dos jóvenes, cuando el descarrilamiento de un tren.
Llama la atención que en medio de los cambios de jefaturas policiales y del cierre de calabozos en comisarías de La Plata, Berisso y Ensenada, medidas dispuestas por el gobernador Daniel Scioli después del pedido de Mariotto en José León Suárez, de relevar al jefe de la bonaerense de San Martín, y de las críticas que arrecian sobre Casal; en las estructuras fiscales de la Provincia, la procuradora general María del Carmen Falbo siga sosteniendo al fiscal Federico Guillermo Nieva Woodgate.
El nombre de Nieva Woodgate comenzó a aparecer cada vez con mayor frecuencia en los medios a partir del secuestro y posterior homicidio de Candela Sol Rodríguez, en agosto del año pasado, ya que está al frente de la Fiscalía General de Morón, que conduce la investigación del caso.
A fines de enero último, uno de los abogados de la causa, Marcelo Mazzeo, planteó su recusación ante el Juzgado de Garantías 4 de Morón, Alfredo Meade, al considerar que Nieva Woodgate estaba guiando la investigación hacia “perejiles”, para ocultar una red de narcopolicías presuntamente relacionados al crimen de la niña.
Pero las denuncias contra el fiscal general de Morón no terminan en el Caso Candela y se acumulan ante la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires.
Nieva Woodgate podría ser sometido a un juicio político por las acusaciones realizadas por la Fundación Servicios de Paz y Justicia (SERPAJ) que lo vinculan con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
La investigación contra Neiva Woodgate y otros funcionarios del Poder Judicial se inició en octubre de 2010, a partir de una presentación efectuada por Adolfo Pérez Esquivel en su carácter de Presidente de la SERPAJ.
Según consta en ese documento, el nombramiento del fiscal general de Morón fue promovido por el Ministro de Gobierno de la dictadura en la provincia de Buenos Aires, Jaime Smart, hoy en prisión por desaparición forzada de personas.
Nieva Woodgate, que estaba al frente de Juzgado Penal 4 de Lomas de Zamora desde 1976, asumió en su actual cargo en julio de 1978, jurando sobre “las actas y el estatuto del Proceso de Reorganización Nacional”.
En el marco de la megacausa al Primer Cuerpo del Ejército se investigan hechos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios en los paridos de Merlo, Morón y Moreno. Diferentes dependencias policiales (como las comisarías 1, 2 y 3 de Morón, la Mansión Seré, la VII Brigada Aérea de Morón y de Moreno, entre otras) se encontraban bajo la supervisión de Nieva Woodgate.
De acuerdo a la información de la Serpaj, el fiscal general de Morón fue “funcional” al plan sistemático de exterminio instrumentado por la dictadura en su jurisdicción, donde se registraron numerosos secuestros de personas, traslados a centros clandestinos de detención, desapariciones y asesinatos.
Un hecho llamativo fue la desaparición de Maria Elena Peter de Fioritti y Armando Alberto Fioritti, ocurrida el 17 de noviembre de 1978 en Villa Tesei. Peter era oficial segunda de la secretaria Nº 4 del juzgado de Morón, a cargo del Juez Carlos Temperley. La Serpaj asegura que todo el juzgado se enteró del hecho, pero ni el juez Temperley, ni Nieva Woodgate “llevaron adelante ninguna investigación, incumpliendo con sus deberes”.
Para la Fundación encabezada por Pérez Esquivel, Nieva Woodgate formaba parte de “un grupo de amigos al servicio de los poderosos de turno, para brindarles impunidad a cambio de poder, figuración y nombramientos de ellos, de sus familiares y relaciones para mantener o aumentar su influencia dentro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires”.
Con la llegada de la Democracia, los resabios de la dictadura se mantuvieron incólumes en la conducción de la Fiscalía General de Morón.
Uno de los agentes fiscales de esa jurisdicción, Alejandro Jons, denunció el año pasado a Nieva Woodgate por “faltas graves y la posible comisión de delitos de acción pública” y pidió su destitución ante la Comisión Bicameral de Juicio Político de la Legislatura bonaerense.
Jons alegó “acciones persecutorias” en su contra y aseguró que “por años, ha sido práctica común del Fiscal General de Morón, la coacción hacia todos los funcionarios y empleados”.
“El método verticalista y autoritario de conducción del nombrado (Nieva Woodgate) –a pesar de hallarnos ya en una época de vigencia de nuestra Democracia- nunca fue modificado, incluso luego que la estructura y el personal de la Fiscalía General de Morón creciera enormemente con la implementación del sistema acusatorio que nos rige actualmente luego de la sanción de la Ley 11.922”, dice Jons.
Y luego, en su denuncia, agrega que “utiliza el método del maltrato, del abuso de autoridad y la intimidación constante como mecanismo de disciplinamiento político judicial interno”.
En este sentido, Jons detalla que son frecuentes los sumarios administrativos de Nieva Woodgate contra instructores judiciales de su dependencia por cuestiones absurdas como “reírse”, “estar parado”, “haber ido a cobrar el sueldo al Banco”, “haber corrido los muebles de lugar sin autorización”. Es más, en una oportunidad, 32 agentes fiscales, secretarios e instructores fueron sancionados “por cantar el feliz cumpleaños” a un compañero de trabajo.
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