Las ONG proponen otros puntos para debatir sobre la democratización de la justicia; sostienen que se debería avanzar en aspectos como fortalecer el acceso a la justicia, la oralización de los procesos o la implementación del juicio por jurados
Se abrieron en los últimos días debates en distintos estamentos sobre los alcances de los proyectos que engloba la llamada democratización de la Justicia. Tanto las ONG como juristas, políticos o constitucionalistas salieron a la arena judicial a debatir el proceso democratizador y sumaron propuestas que si no son tratadas en este período, bien podrían constituirse como nuevos temas en la agenda judicial. De este ida y vuelta de ideas no sólo se dieron a conocer algunos desacuerdos en torno de los proyectos, sino que desde distintos sectores surgieron nuevos puntos e iniciativas que podrían complementar una transformación judicial.
Lo cierto es que la mencionada finalidad de lograr una Justicia moderna, ágil y transparente para todos, con mayor participación ciudadana, pluralidad, fácil acceso, igualdad trajo consigo algunas opiniones encontradas que buscan abrirse paso en un reclamado debate en el que participen diferentes actores del sistema.
Tomando un poco de distancia de las iniciativas puntuales impulsadas por el Ejecutivo que se encuentran girando por ambas cámaras legislativas, la transformación necesaria para mejorar el actual sistema de administración de justicia debe centrarse –según pudieron dar a conocer algunas ONG ante los legisladores– en resolver sus defectos y debilidades, haciéndose cargo de: el acceso a la justicia, la mejora del funcionamiento del Poder Judicial, superar la sobrecarga de trabajo y agilizar los procesos para que los conflictos se resuelvan más rápido.
Así, la falta de llegada del ciudadano a la Justicia se ejemplifica como uno de los mayores problemas del sistema judicial. “Es prioritario ampliar su accesibilidad de manera igualitaria para todas las personas, y en especial para aquellos sectores de la población más desfavorecidos; para ello resulta necesario remover los obstáculos que impiden un acceso pleno, creando instancias y herramientas más accesibles y menos burocráticas para la gente común”, explica el especialista en gestión judicial, Martín Casares.
Fortalecer el acceso a la justicia
El descrédito público en la Justicia es innegable: según el índice de Confianza en la Justicia realizado por Fores y la Universidad Torcuato Di Tella, sólo una de cada dos personas confía en el sistema judicial. Entre las fallas mencionadas por la sociedad se encuentran la falta de independencia, la escasa transparencia en el sistema de nombramientos, y la ausencia de rendición de cuentas hacia la sociedad.
Una de las propuestas sobre las que se avanza desde el estamento de algunas organizaciones no gubernamentales gira en torno del acceso igualitario a la resolución judicial de conflictos y al Poder Judicial, la rendición de cuentas de los jueces hacia la sociedad, la eficiencia del servicio de justicia, el monitoreo ético de jueces y funcionarios judiciales, y la participación ciudadana, como algunos de los ejes para lograr una profunda democratización de la Justicia.
Así, fueron varias las propuestas complementarias que se dieron a conocer estos días y que apuntan a la accesibilidad, la independencia, transparencia y eficiencia. En este marco se propone fortalecer los canales de acceso para la resolución de conflictos, ya sea mediante la aplicación de una Justicia descentralizada en los barrios, a través de la utilización de mediaciones o instancias extrajudiciales para darle respuesta más veloz a los conflictos.
Así, desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) suman al listado de reformas el fortalecimiento de la figura de los jueces de paz, los tribunales vecinales y centros comunitarios de acceso a la justicia. “El Poder Judicial será un poder independiente cuando le preste un servicio real y efectivo a todos los ciudadanos, en especial a los más vulnerables”, señalan y profundizan el concepto al advertir que la actual estructura judicial no garantiza el acceso a la justicia de esos sectores ni que ellos puedan luchar por sus derechos en los tribunales en igualdad de condiciones, “motivo por el cual se impone la necesidad de instaurar tribunales vecinales con procedimientos sencillos y fácilmente comprensibles”.
La oralidad y la independencia judicial
Desde Inecip se dio a conocer un listado de 10 propuestas necesarias para democratizar la Justicia, entre las que se destaca la implementación del proceso de oralidad. “En nuestro país, el procedimiento en todos los fueros no es ni oral, ni público, ni por audiencias, sino que es escrito, y con masiva delegación de funciones estrictamente jurisdicciones en cabeza de secretarios y empleados. La Justicia en la Argentina es sinónimo de ácaros, de papeles acumulados en expedientes, al igual que en la época feudal y colonial de la Inquisición”, analizan y llegan a la conclusión de que “una verdadera democracia exige un sistema de litigación y decisión en audiencias públicas con mecanismos estrictos de control de la duración de los procesos”.
En consonancia con esta idea, desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) sostienen que “si realmente se quiere asegurar la participación popular en la administración de justicia, la verdadera forma de hacerlo es instaurando el juicio por jurados, exigido por la Constitución hace más de 150 años”.
Esta idea persigue el fin de echar por tierra “el sistema inquisitivo” que rige en la actualidad que –conforme lo explican desde la ONG– “tiende a agravar algunos vicios de la Justicia como la lentitud, la burocracia, la ineficiencia o el alejamiento de la sociedad”. De este concepto se desprenden propuestas que desde CIPCE tildan como elementales: “Es necesario establecer la oralidad en todos los fueros e instancias y reformar el Código Procesal Penal de la Nación para que en verdad se logre una verdadera democratización de la Justicia”. Desde la ONG destacan la importancia de que se avance en este proceso dado que no sólo garantiza mayor celeridad sino que dota de mayor transparencia y publicidad de todos los procesos.
Por otra parte especialistas distinguen como un inconveniente los escasos vínculos entre los tribunales y los ciudadanos: “Los procesos de participación ciudadana en el Poder Judicial facilitan que la sociedad se involucre en la toma de decisiones y asuma su cuota de responsabilidad en el funcionamiento del sistema”, indican.
Asimismo, en lo que refiere transparentar y dar a conocer los mecanismos sobre los que avanzan los procesos judiciales, existen ciertas ideas puntuales sobres las que se busca avanzar como la celebración de audiencias públicas, que son un ejemplo de participación directa y de control ciudadano, con audiencias que se conviertan en un foro de debate.
El debatido juicio por jurados
Se trata de uno de los puntos más reclamados por los juristas en los últimos tiempos el cual es, sin dudas, una falta de cumplimiento a la Constitución. “El punto de partida para democratizar la Justicia debe comenzar por cumplir con la Constitución e instaurar el juicio por jurados clásico, como lo quisieron y legislaron los padres fundadores de la República, en materia penal, en temas ambientales y civiles de gravedad, cuando se afecten derechos de los consumidores, de tierras y pueblos indígenas y en el resto de los fueros”, suman desde Inecip otro punto sobre el que la Justicia deberá avanzar en el corto lapso.
Según lo analizan expertos de la sociedad civil, un sistema judicial administrado íntegra y exclusivamente por magistrados profesionales, “provoca debilidad estructural y ha producido un divorcio total de la ciudadanía con el Poder Judicial”.
Lo cierto es que el instituto del juicio por jurados fue previsto en la Constitución Nacional de 1853, y su implementación fue reclamada públicamente en varias oportunidades por la Presidenta de la Nación.
Mayor transparencia
Aunque algunas provincias cuentan con códigos de ética, éstos no existen en el sistema de justicia nacional ni en las facultades de derecho. Ante esto, se abrió en diferentes ámbitos el debate sobre la necesidad de establecer un sistema de monitoreo ético de jueces y funcionarios judiciales que vaya más allá del control disciplinario que ya ejerce el Consejo de la Magistratura. Ello requiere de un Código de Ética Judicial, que debe recoger las mejores prácticas regionales y provinciales, así como los principios establecidos en el Código Iberoamericano de Ética Judicial.
En este marco orientado a la búsqueda de mayor transparencia, desde CIPCE ven como positivas dos iniciativas que se debaten en el Congreso: el registro público de causas y la publicidad de las declaraciones juradas. Aunque en lo que refiere al primer punto, advierten que será necesario “no sólo garantizar el acceso a la información sino que también se permita sin restricciones la participación de organizaciones de la sociedad civil en temas de interés público, que actualmente se admite sólo en algunos casos”.
Sobre las declaraciones juradas, entienden que es necesario sumar a esta propuesta una modificación estructural de la Oficina Anticorrupción para que cuente con la información necesaria que le permita detectar hechos de corrupción y logre así “una persecución eficaz de estos delitos”.
Acceso igualitario al Poder Judicial
Este punto es señalado como un requisito indispensable, que además debe complementarse –entre otras cosas– con una formación adecuada que parta de las universidades. La idea de lograr un acceso igualitario que debería contemplar criterios de idoneidad, igualdad de condiciones y no discriminación, fue un concepto que resonó intensamente en los diferentes encuentros de debate en los últimos días. Para esto, se propone avanzar con una normativa referida a la carrera judicial y un plan para implementarla.
Consultados al respecto, desde CIPCE señalan que el ingreso por examen el Poder Judicial es un requisito democrático indispensable que además debe complementarse –entre otras cosas– con una formación adecuada. “Incluso las universidades más prestigiosas de nuestro país suelen formar a los estudiantes preparándolos para ser una pieza más de un sistema burocrático e ineficiente, donde se pierde conciencia del conflicto social que hay detrás de cada caso. La forma en que se desempeñen los futuros operadores judiciales será, en gran parte, reflejo de aquello que les hayan enseñado. Eso se ve con claridad en la orientación penal, donde prácticamente no se estudian los delitos que producen mayor daño social: criminalidad económica, corrupción, delitos medioambientales, narcotráfico, etcétera”, explican.
Zaffaroni: “Pensaría en oralizar la discusión”
El ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni se refirió a la democratización de la Justicia y aseguró que “el problema es cotidiano y está principalmente en la justicia civil y no penal. Un vecino me humedece la pared y tengo que esperar cinco años para el juicio”.
Al respecto explicó que: “Yo pensaría en oralizar la discusión, estamos en un pronunciamiento atrasado, no salimos de incubadora. De hecho, no vamos a inventar la pólvora con la reforma, pero es ahí donde tenemos que plantear nuestro servicio y servir a un grupo más amplio”.
En cuanto a la reforma del Código Penal afirmó que “el problema es que justamente no tenemos código. Teníamos uno de 1921 que fue destrozado por 900 reformas. Hoy hay disposiciones penales, y todo lo mediático ha ido manejando la agenda y lo cierto es que hoy estamos juzgando con una colección de telegramas viejos”. “Nadie sabe cuál es la pena máxima de prisión, entonces se rompe el principio de legalidad fundamental. El control es indispensable”, agregó.
Sabrina Santopinto Directora PuntoJus.com
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